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Los accidentes de trabajo con baja se disparan en los primeros 4 meses del año con un aumento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior, pero en el caso de la siniestralidad mortal el incremento alcanza el 22,3%

El avance de estadísticas de accidentes de trabajo (AATT) correspondiente al periodo enero-abril muestra un preocupante incremento del número de la siniestralidad que confirma la tendencia apuntada en los últimos meses. El número de accidentes de trabajo con baja ha aumentado un 10%, llegando al 12,6% en los accidentes en jornada. En términos de índices de incidencia, que muestran la siniestralidad relativa expresada en nº de AATT por cada 100.000 personas trabajadoras, el incremento es del 7,5%. Por secciones de actividad, los mayores aumentos de incidencia se producen en actividades sanitarias y de servicios sociales (51,6%), hostelería (44,1%) e industria extractivas (17,4%).

Pero donde los datos alcanzan categoría de verdadera alarma es en los AATT mortales. En los cuatro primeros meses del año se han producido 258 muertes en el trabajo, 47 más que en el mismo periodo de 2021, lo que supone un aumento de 22,3%. Entre las causas del fallecimiento destaca el incremento de los ahogamientos con un aumento del 633% debido al naufragio del buque Vila de Pitanxo, en el que murieron 21 marineros. A continuación se sitúan los atrapamientos, aplastamientos y amputaciones con un incremento del 52% y los infartos y derrames cerebrales con un 17,9%. En cuanto a índices de incidencia, el incremento general se sitúa en el 16,9%, situándose en cabeza el sector agrario (177%), seguido de la construcción (43,7%) y la industria (2,8%). Sólo los servicios han logrado reducir su incidencia (-9,1%).

“Estamos en un estado de alarma debido a los accidentes de trabajo”, ha señalado Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO. “La siniestralidad laboral se ha convertido en el peor indicador socioeconómico en este periodo y las autoridades, encabezadas por el Gobierno de la nación, deben empezar a tomar cartas en el asunto de manera seria en un contexto de aumento espectacular de accidentes, muchos por causas fácilmente prevenibles como las caídas, los atrapamientos o los aplastamientos, que nos indican que la falta de seguridad en las empresas se está extendiendo. De continuar esta tendencia nos encontraríamos con más de 800 muertes en el trabajo al cerrar las estadísticas del año, lo que por cualquier otra causa se convertiría en un escándalo y en una cuestión de debate a nivel nacional.”

“En los últimos meses venimos señalando que en este periodo hay dos vectores que tiran de la siniestralidad en sentidos opuestos”, ha añadido Mariano Sanz. “Uno de ellos es la reducción de la temporalidad producto de la reforma laboral que contribuiría a reducir el número de accidentes. Y el otro es el incremento de la población ocupada, gracias a la recuperación económica y a la puesta en marcha de los proyectos del Fondo de Recuperación. El pasado 28 de abril ya advertíamos que fiar la contención de la siniestralidad exclusivamente al primero de ellos era un error, porque el aumento de la actividad económica, y especialmente en sectores tradicionalmente de alta siniestralidad, sin aplicar en paralelo un plan decidido de políticas públicas activas en materia de prevención podría tener consecuencias nefastas. No podemos resignarnos a ver como aumentan los accidentes y las muertes en el trabajo por el mero hecho de aumentar la ocupación. Se puede desacoplar la siniestralidad del crecimientoeconómico de la siniestralidad como ya demostró España en el periodo previo a la crisis de 2007.

Pero para ello necesitamos que el Gobierno sitúe la salud y la seguridad de la clase trabajadora entre sus prioridades aprobando urgentemente la Estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo 2022-2027, abriendo un espacio de diálogo social en la materia, aumentando los medios técnicos y humanos de la Inspección de Trabajo y articulando más campañas de control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en las empresas. Sin renunciar a cambios necesarios más allá del ámbito laboral llegando al ámbito judicial. 800 muertes al año justifican la creación de juzgados especializados en salud y seguridad en trabajo que acaben con el retraso en los procesos judiciales que se prolongan incluso décadas. Y por supuesto, evitando que se repitan injustificables indultos a empresarios condenados por homicidio, como sucedió hace algunas semanas en el caso del accidente de la fábrica de Ron Montero”.